El juez indaga si los psicólogos que no creyeron a la menor abusada por el ex de Oltra tenían contrato

Además de tomar declaración a Mónica Oltra el próximo día 19 de septiembre, el juzgado que investiga la causa contra la ex vicepresidenta valenciana por haber escondido y entorpecido, presuntamente, la investigación judicial de los abusos sexuales cometidos por su marido sobre una menor tutelada por su Consejería, también investigará si los psicólogos que desacreditaron en un informe elaborado por el Instituto Espil a la menor abusada tenían contrato público.

La petición de esta investigación fue realizada por la acusación popular ejercida por la asociación Gobierna-Te. La petición consta en parte de la pieza declarada secreta por el juzgado en marzo de 2022 y que se ha conocido hace unos días al levantarse ese secreto sumarial. La acusación de Gobierna-Te razonó ante el juez que tras las declaraciones de Carmen Fenollosa, directora territorial de Igualdad en el Gobierno valenciano, realizadas el 3 de marzo de 2022, se debía investigar si «el instituto Espill en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017 carecía de contrato vigente con la administración para efectuar el referido informe signado como BS 3089».

El documento BS 3089 fue elaborado por los psicólogos del Instituto Espill, especializado en temas de abusos sexuales a menores, y fue encargado por la Consejería de Mónica Oltra. Se desconoce cuánto costó realizar este informe, un dato que el magistrado del Juzgado número 15 de Valencia ha pedido en varias ocasiones sin éxito hasta el momento. Según la acusación, Espill no tenía autoridad competente para realizar un informe psicológico a la menor Teresa T.M. el 7 de noviembre de 2017. Para ello realizaron cinco entrevistas, tres de ellas a la propia víctima, una a una trabajadora social y la quinta a la directora del centro de Menores donde Mayte estaba internada.

Según los datos aportados a la causa, el contrato inicial de la Consejería de Igualdad es de 5 de agosto de 2013 y se fue prorrogando en seis ocasiones, la última desde el 1 de mayo de 2017 hasta el 25 de mayo de ese mismo año por un importe de 9.665 euros, una prórroga acordada por resolución de 27 de abril, que se materializo en el «anexo contrato con código de expediente CNMY 13/03-3/74, con fecha 28 de abril de 2017 sin protocolo de firma digital», según la acusación popular, que por eso concluye que «así desde el 25 de mayo de 2017 no hay contrato que ampare el encargo efectuado pues en esa fecha acabó la prestación de servicios y la posibilidad de extender sus prórrogas más allá de esa fecha». La acusación trata de probar que el informe psicológico realizado a la entonces menor, víctima de los abusos sexuales del marido de Oltra, se hizo con cargo al erario público de manera irregular y, por tanto, existiría alguna responsabilidad legal de la Administración valenciana. El informe fue solicitado el 4 de septiembre de 2017 por la Dirección Territorial de Valencia de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Curiosamente, tras más de 20 años de relación, el Instituto Espill no presta este servicio para esta misma Consejería actualmente.

Uno de los problemas es que cuando se solicitó y realizó este informe ya existía un procedimiento judicial en marcha para tratar de averiguar lo ocurrido y la Administración no podía llevar a cabo su propia investigación.

El informe, de 21 folios, recogía entre sus conclusiones que «basándonos en la exploración psicológica de la adolescente (Teresa) se estima que su testimonio es poco creíble». La Consejería de Oltra usó este documento para restarle credibilidad a Mayte y a su relato sobre los abusos sufridos.

Sin embargo, dos años después, en diciembre de 2019 Luis Ramírez Icardi, ya ex marido de Mónica Oltra, resultaba condenado a cinco años de prisión por abusos sexuales sobre una menor. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) pero fue recurrida ante el Tribunal Supremo, donde se encuentra todavía.